Las solicitudes de eutanasia en España crecieron un 30 % en 2023

Unas 750 personas solicitaron la eutanasia en España en 2023, un 30 % más que el año anterior, y 350 lograron ejercer su derecho a una muerte digna, según datos de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) anunciados este martes con motivo del tercer aniversario de la entrada en vigor de la ley.

Son estimaciones que ha avanzado en rueda de prensa el vicepresidente de DMD, Fernando Marín, quien ha destacado que el número de eutanasias realizadas en España el pasado año ha aumentado entre un 15 y un 20 por ciento con respecto a 2022.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Sanidad han informado de que, según datos provisionales, en 2023 se han presentado 727 solicitudes y se han realizado 323 eutanasias.

Son menos de las que esta asociación, que lleva 40 años luchando por la legalización de la eutanasia en España, estimaba para los tres primeros años de la ley. En concreto, la tasa de eutanasias registradas en 2022 fue inferior al 0,07 % del total de muertes registradas en España.

«No sabemos si estas cifras tan bajas en España se deben a que la tramitación de la eutanasia es farragosa y compleja, lo que explicaría el gran numero de personas que han muerto a la espera de tramitación», ha lamentado la responsable área de internacional DMD, Loren Arseguet.

A partir del análisis de las últimas cifras oficiales -que corresponden a 2022- casi un tercio de las personas solicitantes de eutanasia fallecieron durante la tramitación de la prestación de ayuda para morir.

Además, DMD ha criticado la «excesiva duración» del procedimiento, con una media de 75 días, cuando por ley no debería prolongarse más de 35, así como el alto porcentaje de solicitudes denegadas, que asciende al 20 % del total.

Maltrato institucional
En este sentido, Marín habla de «maltrato institucional». «Existe ese maltrato cuando ejercer un derecho se convierte en una pesadilla… cuando la comisión se inventa requisitos, cuando te exigen el informe de un trabajador social que no figura en la ley, cuando se suspende la tramitación o cuando un ciudadano busca el amparo de la justicia y choca contra un muro de incomprensión».

Todo esto -lamenta- contribuye a que haya muchas personas que lo pasan mal en el procedimiento.

Para el vicepresidente de DMD, el problema además es que las comunidades no están en disposición de garantizar una tramitación adecuada porque hay solicitudes de las que no se tiene conocimiento, «porque muchas no llegan a registrarse porque el médico le dice que no al paciente».

«Todavía hoy en España, si va una persona a su médico de cabecera a pedir al eutanasia, el médico le va a decir que no sabe lo que le está pidiendo y que ya le responderá, pero esa respuesta no le va a llegar nunca», lamenta Marín, que aconseja informarse en las asociaciones que les pueden ayudar a gestionar esta solicitud.

Desde DMD afirman, no obstante, que no existe un «boicot institucional», y tampoco hay comunidades en las que no se practiquen eutanasias.