El 24 de febrero de 2022 marcó el inicio de una crisis sin precedentes en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó una invasión a su país vecino, una acción que Moscú intenta disfrazar como una ‘operación militar especial’. Dos años después, Ucrania sigue sufriendo las consecuencias de esta invasión, con cifras que superan los 10,300 civiles muertos y una destrucción que requeriría una inversión de más de 450,000 millones de euros (485,000 millones de dólares) para su reconstrucción.
Las primeras oleadas de ataques rusos dejaron más de 4,200 civiles muertos solo en el primer mes. Aunque las cifras han disminuido desde entonces, aún se reportan más de cien muertes civiles al mes. La mayoría de estas muertes son el resultado del impacto de misiles, pero también hay un pequeño porcentaje de personas que han muerto debido a la explosión de minas esparcidas por las Fuerzas Armadas rusas.
La invasión ha provocado un éxodo masivo de ucranianos. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cerca de 6.5 millones de personas han abandonado el país, la mayoría rumbo a Europa. Alemania y Polonia son algunos de los principales destinos de los refugiados ucranianos, con casi 1.4 millones y 956,000 respectivamente.
La devastación en Ucrania es tal que organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Comisión Europea y el Banco Mundial han estimado que el costo de la reconstrucción será de unos 452,000 millones de euros en la próxima década. La guerra ha dañado o destruido alrededor del diez por ciento de las viviendas del país, lo que ha llevado a un desplazamiento forzoso de la población.
A medida que Ucrania lucha por recuperarse de esta crisis, la comunidad internacional continúa brindando apoyo. Los aliados de Ucrania no solo han proporcionado capacidades militares y equipos básicos, sino que también han destinado una cantidad significativa de dinero y material para ayudar a Ucrania a retirar las minas en su territorio.
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